La Fiscalía de Alta Complejidad solicitó una pena de 19 años de cárcel para el diputado desaforado Mauricio Ojeda, quien está formalizado por cohecho, fraude al fisco y soborno en el denominado Caso Manicure. El fiscal adjunto de La Araucanía, Carlos Cornejo, informó el cierre de la investigación, una de las aristas del Caso Convenios, y la presentación del escrito de acusación en contra del parlamentario. “Mediante la presentación de este escrito de acusación se está solicitando para el parlamentario una pena que alcanza los 19 años de privación de libertad. Esperamos que en los próximos días se fije por parte del tribunal la audiencia de preparación de juicio oral y de esa forma seguir con la persecución de este proceso”, indicó. El 3 de enero, el Juzgado de Garantía de Temuco dictaminó prisión preventiva para Ojeda, medida que se mantiene mientras avanza el proceso judicial. El caso involucra la entrega de fondos públicos del Gobierno Regional La Araucanía a la Fundación Folab, dirigida por los hermanos Rinnet y Juvenal Ortiz, con quienes Ojeda mantenía una relación amistosa. Según el Ministerio Público, el diputado intercedió ante el Gobierno Regional para facilitar la obtención recursos para la fundación y además le prestó 40 millones pesos a Rinnet Ortiz. Sin embargo, el monto total involucrado en causa asciende a 730 millones pesos. Fuente: ADN Radio Nacional
El abogado de la diputada Catalina Pérez (ex FA), Gonzalo Medina, se refirió al desafuero de la parlamentaria decidido de forma unánime por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. A través de un comunicado compartido en la cuenta de Instagram de Pérez, el abogado defensor señaló que este lunes ha concluido la audiencia de desafuero respecto a la diputada Catalina Pérez. La corte lo ha declarado procedente. No compartimos la decisión, y obviamente, recurriremos de apelación a la Excelentísima Corte Suprema.Este desafuero no se sustenta y no cumple con estándares jurídicos. Esto no es una condena. Jamás se ha resuelto un desafuero en el lapso de tres horas, agregó. Quiero reiterar que la Fiscalía cuenta con una carpeta repleta de antecedentes, que contiene revisión de cuentas corrientes, informes de la PDI, declaraciones de muchos testigos e imputados, vaciado de celulares y computadoras, y también chats. En todas las declaraciones nadie involucra a la diputada Pérez. En la carpeta no hay nada que demuestre que haya cometido algún ilícito. No hay razones para desaforarla, mencionó Medina. La diputada Pérez jamás ha cometido fraude al fisco. No realizó ninguna acción de tráfico influencias. Jamás intercedió por esos convenios, concluyó el abogado. En el pie foto, diputada Pérez escribió: ¿Apelaremos? Por supuesto que sí. Este desafuero no cumple con estándares jurídicos. Ver esta publicación en Instagram Fuente: Emol
La jornada de este jueves, el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, ingresó ante la Corte de Apelaciones la solicitud de desafuero a la diputada Catalina Pérez en el marco de la arista Democracia Viva del Caso Convenios. La petición se enmarca en el contexto de la investigación que se lleva adelante por presunto delito de fraude al fisco reiterado, debido a la suscripción de convenios entre el Minvu de Antofagasta y Fundación Democracia Viva el año 2022. Dicho desafuero es un requisito legal para avanzar posteriormente en la formalización y solicitud de medidas cautelares para dicha parlamentaria, atendido que, en opinión del Ministerio Público, se han reunido antecedentes que permiten sostener su participación en los presuntos delitos que son materia de investigación, comentó el persecutor. “Conforme a los diálogos transcritos, doña Catalina Pérez Salinas, habría tenido conocimiento desde julio del año 2022 del vínculo de su pareja, Daniel Andrade y Carlos Contreras, donde hay dinero involucrado y convenios con éste”, reza el documento. Con todo, la acción judicial deberá ser resuelta, en su momento, por el Pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
La Fiscalía Regional de Antofagasta ha abierto una investigación penal, de oficio, tras la filtración de conversaciones contenidas en la carpeta investigativa del caso Democracia Viva, un hecho que ha reavivado la polémica en torno a la diputada Catalina Pérez (FA). Las filtraciones, que incluyen chats de WhatsApp, sugieren que la parlamentaria habría tenido conocimiento de los convenios entre su ex pareja Daniel Andrade y el exseremi Carlos Contreras, mucho antes de que dicha información fuera revelada por los medios. Mediante una declaración pública, el Ministerio Público confirmó la apertura de la investigación: “La Fiscalía Regional de Antofagasta dispuso, de oficio, la apertura de una investigación penal debido a la divulgación en distintos medios de comunicación nacional, de antecedentes relacionados con la investigación que se lleva adelante en la denominada arista Democracia Viva del Caso Convenios” , indicaron. La indagatoria será dirigida por el fiscal adjunto Eduardo Ríos Briones, quien tendrá la responsabilidad de determinar el origen de las filtraciones y, si es necesario, presentar acciones legales contra los responsables de violar la reserva de la carpeta investigativa. Este nuevo giro en el caso mantiene en el centro de la controversia tanto a la diputada como a las autoridades involucradas, generando un nuevo capítulo en una investigación que sigue siendo de gran interés público.
El caso que ha sacudido al país, el denominado Caso Democracia Viva, ha dado un nuevo giro con la revelación de un informe de la Policía de Investigaciones (PDI). En este documento, se detallan conversaciones entre la diputada Catalina Pérez y su entonces pareja, Daniel Andrade, quien es uno de los principales imputados por el escándalo de corrupción. Según el informe al cual tuvo acceso La Segunda, en un mensaje del 29 de julio de 2022, Andrade le comunicó a Pérez sobre una reunión con el entonces Seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, actualmente en prisión preventiva. Me llamó Carlos y parece que hoy pueden salir las lucas , escribió Andrade, aunque no se menciona si hubo respuesta de la diputada. En otro intercambio de mensajes de septiembre de 2022, Pérez coordina con Andrade para que ella lo pase a buscar en una hora determinada, mientras él le menciona que la reunión con Contreras ha sido reprogramada. “Carlos me corrió la reunión para las 17.00” , le informa Andrade, destacando la importancia del convenio con Contreras. Este tipo de diálogos resalta el papel de la Fundación Democracia Viva en la gestión de convenios con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, entidad que le otorgó 370 millones de pesos a la fundación de Andrade, a pesar de que esta no tenía experiencia en proyectos similares. Este hecho desencadenó el Caso Convenios, que ha puesto en evidencia varias irregularidades y casos de corrupción dentro de distintas instituciones del Estado. Finalmente, recordar que Carlos Contreras, quien fuera cercano asesor de Pérez, se encuentra en prisión preventiva, mientras que Daniel Andrade estuvo en la misma situación, pero actualmente se encuentra con arresto domiciliario. Catalina Pérez, por su parte, sigue siendo investigada por la PDI y ha declarado como imputada en el caso.
La Fiscalía de Alta Complejidad solicitó una pena de 19 años de cárcel para el diputado desaforado Mauricio Ojeda, quien está formalizado por cohecho, fraude al fisco y soborno en el denominado Caso Manicure. El fiscal adjunto de La Araucanía, Carlos Cornejo, informó el cierre de la investigación, una de las aristas del Caso Convenios, y la presentación del escrito de acusación en contra del parlamentario. “Mediante la presentación de este escrito de acusación se está solicitando para el parlamentario una pena que alcanza los 19 años de privación de libertad. Esperamos que en los próximos días se fije por parte del tribunal la audiencia de preparación de juicio oral y de esa forma seguir con la persecución de este proceso”, indicó. El 3 de enero, el Juzgado de Garantía de Temuco dictaminó prisión preventiva para Ojeda, medida que se mantiene mientras avanza el proceso judicial. El caso involucra la entrega de fondos públicos del Gobierno Regional La Araucanía a la Fundación Folab, dirigida por los hermanos Rinnet y Juvenal Ortiz, con quienes Ojeda mantenía una relación amistosa. Según el Ministerio Público, el diputado intercedió ante el Gobierno Regional para facilitar la obtención recursos para la fundación y además le prestó 40 millones pesos a Rinnet Ortiz. Sin embargo, el monto total involucrado en causa asciende a 730 millones pesos. Fuente: ADN Radio Nacional
El abogado de la diputada Catalina Pérez (ex FA), Gonzalo Medina, se refirió al desafuero de la parlamentaria decidido de forma unánime por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. A través de un comunicado compartido en la cuenta de Instagram de Pérez, el abogado defensor señaló que este lunes ha concluido la audiencia de desafuero respecto a la diputada Catalina Pérez. La corte lo ha declarado procedente. No compartimos la decisión, y obviamente, recurriremos de apelación a la Excelentísima Corte Suprema.Este desafuero no se sustenta y no cumple con estándares jurídicos. Esto no es una condena. Jamás se ha resuelto un desafuero en el lapso de tres horas, agregó. Quiero reiterar que la Fiscalía cuenta con una carpeta repleta de antecedentes, que contiene revisión de cuentas corrientes, informes de la PDI, declaraciones de muchos testigos e imputados, vaciado de celulares y computadoras, y también chats. En todas las declaraciones nadie involucra a la diputada Pérez. En la carpeta no hay nada que demuestre que haya cometido algún ilícito. No hay razones para desaforarla, mencionó Medina. La diputada Pérez jamás ha cometido fraude al fisco. No realizó ninguna acción de tráfico influencias. Jamás intercedió por esos convenios, concluyó el abogado. En el pie foto, diputada Pérez escribió: ¿Apelaremos? Por supuesto que sí. Este desafuero no cumple con estándares jurídicos. Ver esta publicación en Instagram Fuente: Emol
La jornada de este jueves, el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar, ingresó ante la Corte de Apelaciones la solicitud de desafuero a la diputada Catalina Pérez en el marco de la arista Democracia Viva del Caso Convenios. La petición se enmarca en el contexto de la investigación que se lleva adelante por presunto delito de fraude al fisco reiterado, debido a la suscripción de convenios entre el Minvu de Antofagasta y Fundación Democracia Viva el año 2022. Dicho desafuero es un requisito legal para avanzar posteriormente en la formalización y solicitud de medidas cautelares para dicha parlamentaria, atendido que, en opinión del Ministerio Público, se han reunido antecedentes que permiten sostener su participación en los presuntos delitos que son materia de investigación, comentó el persecutor. “Conforme a los diálogos transcritos, doña Catalina Pérez Salinas, habría tenido conocimiento desde julio del año 2022 del vínculo de su pareja, Daniel Andrade y Carlos Contreras, donde hay dinero involucrado y convenios con éste”, reza el documento. Con todo, la acción judicial deberá ser resuelta, en su momento, por el Pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
La Fiscalía Regional de Antofagasta ha abierto una investigación penal, de oficio, tras la filtración de conversaciones contenidas en la carpeta investigativa del caso Democracia Viva, un hecho que ha reavivado la polémica en torno a la diputada Catalina Pérez (FA). Las filtraciones, que incluyen chats de WhatsApp, sugieren que la parlamentaria habría tenido conocimiento de los convenios entre su ex pareja Daniel Andrade y el exseremi Carlos Contreras, mucho antes de que dicha información fuera revelada por los medios. Mediante una declaración pública, el Ministerio Público confirmó la apertura de la investigación: “La Fiscalía Regional de Antofagasta dispuso, de oficio, la apertura de una investigación penal debido a la divulgación en distintos medios de comunicación nacional, de antecedentes relacionados con la investigación que se lleva adelante en la denominada arista Democracia Viva del Caso Convenios” , indicaron. La indagatoria será dirigida por el fiscal adjunto Eduardo Ríos Briones, quien tendrá la responsabilidad de determinar el origen de las filtraciones y, si es necesario, presentar acciones legales contra los responsables de violar la reserva de la carpeta investigativa. Este nuevo giro en el caso mantiene en el centro de la controversia tanto a la diputada como a las autoridades involucradas, generando un nuevo capítulo en una investigación que sigue siendo de gran interés público.
El caso que ha sacudido al país, el denominado Caso Democracia Viva, ha dado un nuevo giro con la revelación de un informe de la Policía de Investigaciones (PDI). En este documento, se detallan conversaciones entre la diputada Catalina Pérez y su entonces pareja, Daniel Andrade, quien es uno de los principales imputados por el escándalo de corrupción. Según el informe al cual tuvo acceso La Segunda, en un mensaje del 29 de julio de 2022, Andrade le comunicó a Pérez sobre una reunión con el entonces Seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, actualmente en prisión preventiva. Me llamó Carlos y parece que hoy pueden salir las lucas , escribió Andrade, aunque no se menciona si hubo respuesta de la diputada. En otro intercambio de mensajes de septiembre de 2022, Pérez coordina con Andrade para que ella lo pase a buscar en una hora determinada, mientras él le menciona que la reunión con Contreras ha sido reprogramada. “Carlos me corrió la reunión para las 17.00” , le informa Andrade, destacando la importancia del convenio con Contreras. Este tipo de diálogos resalta el papel de la Fundación Democracia Viva en la gestión de convenios con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, entidad que le otorgó 370 millones de pesos a la fundación de Andrade, a pesar de que esta no tenía experiencia en proyectos similares. Este hecho desencadenó el Caso Convenios, que ha puesto en evidencia varias irregularidades y casos de corrupción dentro de distintas instituciones del Estado. Finalmente, recordar que Carlos Contreras, quien fuera cercano asesor de Pérez, se encuentra en prisión preventiva, mientras que Daniel Andrade estuvo en la misma situación, pero actualmente se encuentra con arresto domiciliario. Catalina Pérez, por su parte, sigue siendo investigada por la PDI y ha declarado como imputada en el caso.
