Este lunes, la Corte de Apelaciones de Santiago decidió mantener la prisión preventiva para Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú, quien enfrenta una investigación por presuntos delitos de corrupción. Pese a los intentos de su defensa, liderada por Cristóbal Bonacic, para cambiar la medida cautelar por arresto domiciliario, la sexta sala resolvió de manera unánime rechazar la apelación. La audiencia estuvo marcada por un tenso intercambio de palabras entre Bonacic y Rodrigo Álvarez Alarcón, abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo querellante en la causa. Antes del fallo, Bonacic increpó a Álvarez acusándolo dementiroso por cuestionar un documento médico que acredita la condición de espectro autista del hijo de Barriga. El informe, emitido por la Municipalidad del Quisco, ha sido puesto en duda por el CDE, que señala irregularidades en su elaboración. Según un reportaje de Canal 13, el documento habría sido emitido bajo presiones y sin una evaluación directa al menor, lo que desató la molestia de la defensa de la exjefa comunal. Barriga continuará en la cárcel de San Miguel mientras avanza la investigación en su contra, en un caso que sigue generando controversias tanto en los tribunales como en la opinión pública.
Este jueves, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública ofició al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que evalúe ejercer las acciones pertinentes en el caso del ex subsecretario Manuel Monsalve, quien está siendo investigado por la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte. En un comunicado oficial, la cartera indicó que se solicitó al CDE evaluar las acciones que dentro de su competencia le correspondan respecto a potenciales delitos que Monsalve podría haber cometido en su calidad de funcionario público. La Ministra del Interior, Carolina Tohá, reafirmó el compromiso del Gobierno con la transparencia y la justicia. Hemos oficiado al CDE para que sea éste quien evalúe las acciones vinculadas al potencial ejercicio indebido de funciones públicas , aseguró. Asimismo, recordó que ya solicitaron a la Contraloría la tramitación del sumario administrativo iniciado la semana pasada. Ahora, el CDE deberá pronunciarse tras revisar los antecedentes proporcionados por el Ministerio Público, en conformidad con las facultades que le otorga su Ley Orgánica.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha intensificado su ofensiva legal en el caso que involucra presuntas irregularidades financieras vinculadas al Gobierno Regional de La Araucanía, al anunciar la interposición de una querella criminal por fraude al Fisco contra el diputado Mauricio Ojeda. Esta medida se suma a las acciones judiciales previas que ya apuntaban a funcionarios públicos y particulares implicados en un esquema de malversación de fondos. La investigación, que ha destapado la transferencia irregular de más de $700 millones hacia la fundación Folab, sugiere un entramado donde recursos destinados para el desarrollo regiona l habrían sido desviados para otros fines. El CDE, actuando con rigor ante indicios contundentes, busca establecer responsabilidades penales y recuperar los montos defraudados. Este nuevo curso legal refuerza la querella interpuesta anteriormente por el mismo organismo en noviembre pasado. En dicha ocasión, cuatro funcionarios públicos junto con dos actores privados fueron acusados formalmente por su participación directa en reiteradas instancias delictivas relacionadas con fraude al Fisco y lavado de activos. El escenario judicial para el parlamentario Ojeda se complica tras esta acción del CDE. Su abogado defensor Carlos Tenorio tomó cartas en el asunto presentando un escrito ante la Corte de Apelaciones de Temuco para proceder con la notificación sobre una petición fiscal respecto a su desafuero. Este paso procesal fue motivado después que intentos previos por localizar a Ojeda tanto en su lugar laboral como residencial resultaran infructuosos. Tenorio explicó que esta decisión proactiva tiene como fin agilizar los trámites legales correspondientes: “Tomé la decisión de darme por notificado con la finalidad que se pueda seguir adelante con el curso de esta solicitud de desafuero” . Con ello, busca evitar demoras innecesarias y permitir que las investigaciones continúen su rumbo conforme a derecho.
Este lunes, la Corte de Apelaciones de Santiago decidió mantener la prisión preventiva para Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú, quien enfrenta una investigación por presuntos delitos de corrupción. Pese a los intentos de su defensa, liderada por Cristóbal Bonacic, para cambiar la medida cautelar por arresto domiciliario, la sexta sala resolvió de manera unánime rechazar la apelación. La audiencia estuvo marcada por un tenso intercambio de palabras entre Bonacic y Rodrigo Álvarez Alarcón, abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo querellante en la causa. Antes del fallo, Bonacic increpó a Álvarez acusándolo dementiroso por cuestionar un documento médico que acredita la condición de espectro autista del hijo de Barriga. El informe, emitido por la Municipalidad del Quisco, ha sido puesto en duda por el CDE, que señala irregularidades en su elaboración. Según un reportaje de Canal 13, el documento habría sido emitido bajo presiones y sin una evaluación directa al menor, lo que desató la molestia de la defensa de la exjefa comunal. Barriga continuará en la cárcel de San Miguel mientras avanza la investigación en su contra, en un caso que sigue generando controversias tanto en los tribunales como en la opinión pública.
Este jueves, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública ofició al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que evalúe ejercer las acciones pertinentes en el caso del ex subsecretario Manuel Monsalve, quien está siendo investigado por la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte. En un comunicado oficial, la cartera indicó que se solicitó al CDE evaluar las acciones que dentro de su competencia le correspondan respecto a potenciales delitos que Monsalve podría haber cometido en su calidad de funcionario público. La Ministra del Interior, Carolina Tohá, reafirmó el compromiso del Gobierno con la transparencia y la justicia. Hemos oficiado al CDE para que sea éste quien evalúe las acciones vinculadas al potencial ejercicio indebido de funciones públicas , aseguró. Asimismo, recordó que ya solicitaron a la Contraloría la tramitación del sumario administrativo iniciado la semana pasada. Ahora, el CDE deberá pronunciarse tras revisar los antecedentes proporcionados por el Ministerio Público, en conformidad con las facultades que le otorga su Ley Orgánica.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha intensificado su ofensiva legal en el caso que involucra presuntas irregularidades financieras vinculadas al Gobierno Regional de La Araucanía, al anunciar la interposición de una querella criminal por fraude al Fisco contra el diputado Mauricio Ojeda. Esta medida se suma a las acciones judiciales previas que ya apuntaban a funcionarios públicos y particulares implicados en un esquema de malversación de fondos. La investigación, que ha destapado la transferencia irregular de más de $700 millones hacia la fundación Folab, sugiere un entramado donde recursos destinados para el desarrollo regiona l habrían sido desviados para otros fines. El CDE, actuando con rigor ante indicios contundentes, busca establecer responsabilidades penales y recuperar los montos defraudados. Este nuevo curso legal refuerza la querella interpuesta anteriormente por el mismo organismo en noviembre pasado. En dicha ocasión, cuatro funcionarios públicos junto con dos actores privados fueron acusados formalmente por su participación directa en reiteradas instancias delictivas relacionadas con fraude al Fisco y lavado de activos. El escenario judicial para el parlamentario Ojeda se complica tras esta acción del CDE. Su abogado defensor Carlos Tenorio tomó cartas en el asunto presentando un escrito ante la Corte de Apelaciones de Temuco para proceder con la notificación sobre una petición fiscal respecto a su desafuero. Este paso procesal fue motivado después que intentos previos por localizar a Ojeda tanto en su lugar laboral como residencial resultaran infructuosos. Tenorio explicó que esta decisión proactiva tiene como fin agilizar los trámites legales correspondientes: “Tomé la decisión de darme por notificado con la finalidad que se pueda seguir adelante con el curso de esta solicitud de desafuero” . Con ello, busca evitar demoras innecesarias y permitir que las investigaciones continúen su rumbo conforme a derecho.
