Este jueves, el Senado de Brasil aprobó la ley que prohíbe el uso de celulares en los colegios de primaria y secundaria, medida que afectará a estudiantes entre 4 y 17 años. La normativa, respaldada por el 82% de los padres brasileños, establece que los dispositivos estarán prohibidos en todo momento, aunque permite su uso excepcional para fines pedagógicos. Según el texto, para “salvaguardar la salud mental, física y psíquica de los niños y adolescentes”, los celulares quedarán prohibidos en las escuelas, tanto en las aulas como en los momentos de recreo. La norma permite excepcionalmente el uso de aparatos electrónicos que busquen alcanzar mayor porcentaje de accesibilidad en ciertas zonas periféricas del país. Sumado a lo anterior, los recintos educativos también deberán crear estrategias para abordar los problemas en la salud mental asociados al uso de estos dispositivos, debido a las alarmantes cifras entregadas por profesionales del rubro. En tanto, el ministro de Educación, Camilo Santana, se ha mostrado a favor de poner un “límite” a los aparatos celulares en las escuelas. “Las experiencias en el mundo entero han mostrado el prejuicio en un déficit de atención por el uso de aparatos celulares dentro de las aulas”, dijo el personero de Estado a la prensa en noviembre pasado. “El celular acabó con la socialización de las personas. Hace falta un límite”, fustigó el titular de la cartera. En este mismo sentido, un informe de la Unesco en 2023 también respalda esta visión, afirmando que: “Prohibir los teléfonos móviles en los colegios mejora el rendimiento académico, especialmente en el caso del alumnado con bajo rendimiento”. Sin embargo, el organismo a la vez advierte que la medida podría poner en desventaja a los menores diciendo que “proteger al alumnado de las tecnologías nuevas e innovadoras puede ponerlos en desventaja”. Con todo, ahora la ley debe ser autorizada por el presidente Lula da Silva. Este paso marcará un avance significativo en los esfuerzos por salvaguardar la salud mental, física y psíquica de los niños y adolescentes, refrenda el documento legal.
Este jueves, el Senado de Brasil aprobó la ley que prohíbe el uso de celulares en los colegios de primaria y secundaria, medida que afectará a estudiantes entre 4 y 17 años. La normativa, respaldada por el 82% de los padres brasileños, establece que los dispositivos estarán prohibidos en todo momento, aunque permite su uso excepcional para fines pedagógicos. Según el texto, para “salvaguardar la salud mental, física y psíquica de los niños y adolescentes”, los celulares quedarán prohibidos en las escuelas, tanto en las aulas como en los momentos de recreo. La norma permite excepcionalmente el uso de aparatos electrónicos que busquen alcanzar mayor porcentaje de accesibilidad en ciertas zonas periféricas del país. Sumado a lo anterior, los recintos educativos también deberán crear estrategias para abordar los problemas en la salud mental asociados al uso de estos dispositivos, debido a las alarmantes cifras entregadas por profesionales del rubro. En tanto, el ministro de Educación, Camilo Santana, se ha mostrado a favor de poner un “límite” a los aparatos celulares en las escuelas. “Las experiencias en el mundo entero han mostrado el prejuicio en un déficit de atención por el uso de aparatos celulares dentro de las aulas”, dijo el personero de Estado a la prensa en noviembre pasado. “El celular acabó con la socialización de las personas. Hace falta un límite”, fustigó el titular de la cartera. En este mismo sentido, un informe de la Unesco en 2023 también respalda esta visión, afirmando que: “Prohibir los teléfonos móviles en los colegios mejora el rendimiento académico, especialmente en el caso del alumnado con bajo rendimiento”. Sin embargo, el organismo a la vez advierte que la medida podría poner en desventaja a los menores diciendo que “proteger al alumnado de las tecnologías nuevas e innovadoras puede ponerlos en desventaja”. Con todo, ahora la ley debe ser autorizada por el presidente Lula da Silva. Este paso marcará un avance significativo en los esfuerzos por salvaguardar la salud mental, física y psíquica de los niños y adolescentes, refrenda el documento legal.
