Columna: A 50 años del golpe de estado “Pasado, presente y futuro”

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En la historia política de Chile, uno de los momentos más trascendentales fue la llegada de Salvador Allende a la presidencia en 1970. Su ascenso al poder marcó un antes y un después en la historia del país, siendo el primer presidente socialista elegido democráticamente en América Latina. 

Para comprender cómo Salvador Allende llegó a la presidencia, es fundamental analizar el contexto político y social de la época. Durante la década de 1960, Chile experimentaba una creciente polarización política, con una sociedad profundamente dividida entre la izquierda y la derecha. Allende, líder del Partido Socialista, se convirtió en una figura emblemática para aquellos que buscaban una transformación social y económica en el país. 

En 1970, Allende se presentó por tercera vez como candidato presidencial, liderando la coalición de izquierda conocida como la Unidad Popular. Su plataforma política se basaba en la nacionalización de los principales sectores económicos, la reforma agraria y la creación de un Estado de bienestar. Estas propuestas resonaron en una sociedad que demandaba cambios profundos y una mayor igualdad. Sin embargo, el camino hacia la presidencia no fue fácil para Allende. Durante la campaña electoral, enfrentó una feroz oposición de la derecha chilena, encabezada por el candidato conservador Jorge Alessandri y el demócrata cristiano Radomiro Tomic. La polarización política se intensificó, y el resultado de las elecciones fue incierto hasta el último momento. 

 La elección de Salvador Allende como presidente de Chile en 1970 ha sido objeto de debate y controversia a lo largo de los años. Algunos argumentan que su elección fue un ejemplo claro de democracia, mientras que otros cuestionan la legitimidad de su mandato. Para comprender cómo llegó a ser presidente, es necesario analizar el contexto político y social de la época. En primer lugar, es importante recordar que Allende fue elegido a través de un proceso electoral democrático vigente en esa época. Se presentó como candidato del Frente de Izquierda de la Unidad Popular, una coalición de partidos de izquierda. Aunque no obtuvo la mayoría absoluta de los votos, fue el candidato con mayor respaldo popular, obteniendo el 36,3% de los sufragios. Sin embargo, debido a que no alcanzó el 50% más uno de los votos necesarios para ser declarado presidente, la decisión final fue tomada por el Congreso Nacional. En este sentido, muchos argumentan que la elección de Allende no fue completamente democrática, ya que fue decidida por los legisladores y no por el voto directo de la ciudadanía.

Finalmente, el 4 de septiembre de 1970, Salvador Allende obtuvo una estrecha victoria con el 36,2% de los votos, convirtiéndose en el presidente electo de Chile. Sin embargo, debido a que no alcanzó la mayoría absoluta, su nombramiento debía ser ratificado por el Congreso Nacional. Este proceso fue sumamente tenso y controversial, con fuertes presiones internas y externas. 

El 24 de octubre de 1970, tras intensas negociaciones y acuerdos políticos, Salvador Allende fue ratificado como presidente de Chile por el Congreso Nacional. Su investidura marcó un hito en la historia del país, ya que por primera vez un líder socialista llegaba al poder a través de elecciones democráticas.

A pesar de las críticas sobre la forma en que Allende llegó al poder, su gobierno inmediatamente implementó una serie de reformas sociales y económicas que pretendían reducir la desigualdad y mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad chilena. Estas políticas encontraron respaldado en una parte importante de la población, especialmente por aquellos que sentían que históricamente habían sido excluidos de los beneficios del sistema.

El golpe de estado ocurrido en Chile el 11 de septiembre de 1973 marcó un antes y un después en la historia del país. Este hecho, que derrocó al gobierno de Salvador Allende, tuvo múltiples motivaciones políticas y económicas que marcaron el destino de Chile durante décadas. En esta columna, exploramos las principales razones que llevaron a la ejecución de este golpe y su impacto en la sociedad chilena. Durante su gobierno, Chile experimentó una polarización política sin precedentes. Allende, líder de la coalición de izquierda conocida como la Unidad Popular, implementó una serie de reformas radicales que generaron resistencia y descontento en sectores conservadores y empresariales. Esta polarización política creó una creciente tensión social, con manifestaciones, huelgas y enfrentamientos entre grupos políticos opuestos. La economía chilena también se encontraba en una situación crítica durante el gobierno de Allende. La implementación de políticas de nacionalización y estatización de sectores clave de la economía generó desconfianza en los inversionistas extranjeros y una fuga de capitales. Esto, sumado a la caída de los precios del cobre, principal producto de exportación de Chile, llevó a una grave crisis económica, con altos niveles de inflación y desabastecimiento de productos básicos. 

 La Guerra Fría también jugó un papel importante en el golpe de estado en Chile. Estados Unidos, preocupado por la influencia de la Unidad Popular y su orientación socialista, intervino activamente en los asuntos internos del país. La CIA financió y apoyó a grupos de oposición, promoviendo el descontento y la desestabilización del gobierno de Allende. Esta intervención extranjera contribuyó a la creación de un clima propicio para el golpe de estado. Las Fuerzas Armadas chilenas, encabezadas por el general Augusto Pinochet, jugaron un papel fundamental en el golpe de estado. Aprovechando la creciente polarización política y la crisis económica, Pinochet lideró un levantamiento militar que derrocó al gobierno de Allende. Las Fuerzas Armadas justificaron su intervención como una forma de restaurar el orden y la estabilidad en el país. 

El gobierno de Salvador Allende en Chile, que se extendió desde 1970 hasta 1973, fue un período marcado por la influencia de países comunistas en su llegada al poder. Durante este tiempo, la Unión Soviética y otros países socialistas jugaron un papel fundamental en el apoyo y asesoramiento al gobierno de Allende, lo que tuvo un impacto significativo en las políticas implementadas y en la forma en que se desarrolló su mandato. Desde el inicio de su campaña presidencial, Allende dejó en claro su intención de llevar a cabo una serie de reformas radicales en Chile, incluyendo la nacionalización de la industria y la redistribución de la riqueza. Estas propuestas resonaron con una parte importante de la población chilena, pero también atrajeron la atención de los países comunistas, que vieron en Allende una oportunidad para expandir su influencia en América Latina. La Unión Soviética, en particular, fue uno de los principales aliados de Allende. A través de su embajador en Chile, Alexei Vasilyev, la URSS proporcionó apoyo financiero y político al gobierno de Allende. Además, asesores soviéticos fueron enviados a Chile para ayudar en la implementación de políticas económicas y sociales. Estos asesores desempeñaron un papel clave en la nacionalización de la industria chilena y en la creación de programas de redistribución de la riqueza. Otros países comunistas, como Cuba y China, también desempeñaron un papel importante en la influencia de Allende. Cuba, bajo el liderazgo de Fidel Castro, brindó apoyo logístico y militar al gobierno chileno, lo que ayudó a Allende a consolidar su poder y a enfrentar las amenazas internas y externas. Por su parte, China proporcionó asistencia económica y tecnológica a Chile, lo que permitió la implementación de proyectos de desarrollo y modernización. 

a influencia de los países comunistas en el gobierno de Allende no solo se limitó a la esfera política y económica, sino que también se extendió a la cultura y la educación. Se establecieron intercambios académicos y culturales entre Chile y los países socialistas, lo que permitió la difusión de ideas y conocimientos. Además, se promovió la enseñanza de la historia y la ideología comunista en las escuelas chilenas, lo que generó un cambio en la forma en que se enseñaba la historia y se entendía la política en el país. 

Sin embargo, la influencia de los países comunistas en el gobierno de Allende también generó críticas y resistencia por parte de sectores conservadores y de la oposición política. Estos sectores argumentaban que la presencia de asesores y el apoyo financiero de países comunistas ponían en peligro la soberanía y la estabilidad de Chile. Además, se acusaba a Allende de estar llevando al país hacia un régimen comunista, lo que generaba temores e incertidumbre en la población. 

Mucha información de la época fue graficada en una entrevista con ribetes de documental del periodista Francés Régis Debray, a la que este denominó “Compañero Presidente”, la que invito a ver en el siguiente link:

 El golpe de estado en Chile tuvo consecuencias devastadoras para la sociedad chilena. Durante la dictadura de Pinochet, miles de personas fueron detenidas, torturadas y asesinadas por motivos políticos. Además, se implementaron políticas económicas que hasta hoy generan controversia, por su génesis neo liberal, que para muchos, hasta el día de hoy profundizaron la desigualdad social. El golpe de estado marcó una fractura en la historia de Chile, dejando cicatrices que aún se sienten en la actualidad. Aquel fatídico 11 de septiembre de 1973, la democracia fue interrumpida y el país se sumió en un periodo de incertidumbre y cambios profundos. El Chile post-golpe experimentó transformaciones sociales, económicas y políticas que dejaron una huella imborrable en la nación. 

Tuvo un impacto significativo en la sociedad chilena. La represión política y la violación de los derechos humanos se convirtieron en una realidad cotidiana. Miles de personas fueron detenidas, torturadas e incluso desaparecidas. La libertad de expresión y asociación fueron severamente restringidas, generando un clima de miedo y silencio. La sociedad chilena se dividió en dos: aquellos que apoyaban al régimen y aquellos que luchaban por recuperar la democracia. 

El golpe de estado también tuvo un impacto profundo en la economía chilena. Pinochet implementó un modelo económico neo liberal, basado en la apertura de mercados, la privatización de empresas estatales y la reducción del rol del Estado en la economía. Estas políticas generaron un crecimiento económico significativo, pero su costo fue elevado, dado que profundizó las desigualdades sociales. La brecha entre ricos y pobres se amplió, y los beneficios del crecimiento no llegaron a todos los sectores de la sociedad. Además, la dictadura impulsó una política de represión laboral, debilitando los sindicatos y precarizando las condiciones de trabajo.

El golpe de estado marcó el fin de la democracia en Chile y el inicio de una dictadura militar que se prolongó por casi dos décadas. Durante este periodo, se instauró una Constitución que otorgaba amplios poderes al régimen y limitaba la participación ciudadana. Las elecciones fueron suspendidas y los partidos políticos fueron prohibidos o perseguidos. Sin embargo, a medida que pasaban los años, la resistencia y la lucha por la democracia se fortalecieron. La presión nacional e internacional, sumada a la crisis económica de fines de los años 80, llevaron a la apertura política y al plebiscito de 1988, que finalmente puso fin a la dictadura y abrió el camino hacia la democracia. Donde se puede reconocer, que a diferencia de otros regímenes dictatoriales en el pasado y en el presente, en este caso la voluntad del pueblo fue respetada por parte de los responsables de esta dictadura. 

Tras el fin de la dictadura, en 1990, la Concertación de Partidos por la Democracia asumió el desafío de gobernar el país y llevar a cabo la transición hacia la democracia. Sin embargo, para lograrlo, tuvieron que hacer frente a una realidad innegable: la Constitución de Pinochet seguía vigente y condicionaba el accionar del gobierno. La Concertación, conformada por partidos de centro-izquierda, se encontró en una encrucijada. Por un lado, tenían la responsabilidad de avanzar hacia una democracia plena y garantizar los derechos y libertades de todos los chilenos. Por otro lado, debían enfrentar una oposición férrea y una Constitución que les limitaba en su accionar. Ante esta situación, me quedan dudas si la Concertación optó por una estrategia de adaptación y reforma gradual de la Constitución, o definitivamente se acomodaron en una constitución que les daba muchas garantías, como por ejemplo a través del sistema eleccionario. Sin embargo algunos sectores de la oposición pedían una nueva Constitución desde cero, pero la coalición gobernante decidió trabajar dentro de los márgenes establecidos por la norma de Pinochet. 

Durante los primeros años de gobierno, la Concertación logró importantes avances en materia de derechos humanos, educación y salud, entre otros. Pero, estos avances se vieron limitados por las restricciones impuestas por la Constitución. La falta de una mayoría parlamentaria suficiente y la necesidad de acuerdos con la oposición de derecha dificultaron aún más la posibilidad de realizar cambios profundos. Fue recién en el año 2005, durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, cuando se produjeron cambios significativos en la Constitución. En ese año, se llevó a cabo una reforma que eliminó algunos de los aspectos más autoritarios de la norma de Pinochet, como la designación de senadores vitalicios, la existencia de tribunales militares para juzgar a civiles, reducción del período presidencial de seis a cuatro años, facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados, sólo el Presidente de la República puede convocar al Consejo de Seguridad Nacional, modificaciones sustanciales a la Ley de Prensa, entre otras. Si bien esta reforma con 58 modificaciones, fue un avance importante, la Constitución de Pinochet seguía vigente en muchos aspectos e insisto, muchos de estos acomodaban a las dos fuerzas políticas más importantes de nuestro país, quienes se mostraban muy cómodos ante “los manjares” que les ofrecía el sistema. 

Justo cuando Chile tenía la gran oportunidad de borrar el principal legado de la dictadura en el pasado plebiscito constitucional, en vez de aprovechar esta gran oportunidad, dejó una clara muestra de la diversidad de opiniones y visiones que existen en nuestra sociedad, todas ellas marcadas por la misma polarización política que se vivió en los 70s. Si bien el resultado final fue la victoria del rechazo, es importante analizar las razones que llevaron a este desenlace y entender las motivaciones detrás de esta decisión. En primer lugar, es necesario destacar que el triunfo del rechazo no significa necesariamente un respaldo absoluto al actual sistema constitucional. Muchos chilenos que votaron en contra de la opción "Apruebo" lo hicieron por diversas razones, entre las que se encuentran el temor a un cambio radical, la incertidumbre sobre lo que vendría después y un evidente “disparo en los pies”, de quienes se suponía iban a proponer los cambios que nuestra sociedad salió a gritar fuertemente a las calles en el estallido social que desencadenó este proceso. 

Uno de los principales argumentos esgrimidos por quienes votaron por el rechazo fue la falta de claridad en cuanto a las propuestas concretas de una nueva Constitución. Si bien se hablaba de la necesidad de una mayor equidad y justicia social, no se presentaron detalladamente los mecanismos para lograr estos objetivos. Esto generó dudas y desconfianza en aquellos que consideran que el actual sistema, si bien imperfecto, ha permitido el desarrollo y progreso del país. Además, el temor a una polarización extrema también fue un factor determinante en la decisión de muchos chilenos. La violencia y los disturbios que se vivieron durante el estallido social, dejaron heridas profundas en la sociedad, y muchos consideraron que una nueva Constitución podría profundizar aún más estas divisiones. El rechazo se convirtió entonces en una opción que buscaba mantener la estabilidad y evitar mayores conflictos. 

Otro aspecto relevante fue la desconfianza hacia los políticos y las élites. Muchos chilenos consideraron que el proceso constituyente podría ser utilizado por aquellos en el poder para perpetuarse en él, sin realmente atender las demandas y necesidades de la ciudadanía. Esta desconfianza se vio reflejada en el voto por el rechazo, como una forma de expresar el descontento y la falta de fe en el sistema político actual. No se puede obviar tampoco el impacto de la pandemia de COVID-19 en el resultado del plebiscito. La crisis sanitaria golpeó fuertemente a Chile, generando incertidumbre y preocupación en la población. En este contexto, muchos chilenos consideraron que no era el momento adecuado para realizar cambios estructurales en el país, y optaron por mantener la estabilidad y centrarse en la recuperación económica y social. 

Y finalmente una mirada a todos y todas quienes presa de sus ideologías tomaron en sus manos la responsabilidad de crear una nueva carta magna para nuestro país de los próximos 40 a 50 años, pero lamentablemente quemaron este texto desde adentro, desde el momento que partió el proceso y hasta su término, historias que no vale la pena contar, porque ya todos las conocemos y han sido analizadas dentro de la propia autocritica del sector defensor de la propuesta. 

Para nadie es nuevo que nuestro país se encuentra en un momento histórico en el que se debate la necesidad de una nueva constitución que refleje las demandas y aspiraciones de todos los ciudadanos. Sin embargo, el desafío radica en lograr un consenso que garantice que esta propuesta sea pensada en beneficio de todos y no solo de unos pocos. En este sentido, es fundamental encontrar una solución que permita superar las diferencias y construir un marco jurídico que promueva la justicia, equidad, economía, medioambiente y el desarrollo inclusivo.

Uno de los principales obstáculos para alcanzar un consenso en torno a una nueva constitución es la polarización política y social que ha caracterizado a nuestro país desde hace ya varios años. Las diferencias ideológicas y las desigualdades han generado un clima de confrontación que dificulta el diálogo y la búsqueda de acuerdos. Por lo tanto, es necesario fomentar un ambiente de respeto y tolerancia, donde todas las voces sean escuchadas y se promueva el entendimiento mutuo. En este sentido, una solución para lograr un consenso en la propuesta de una nueva constitución es la creación de un proceso participativo y transparente. Es fundamental que todos los ciudadanos tengan la oportunidad de expresar sus opiniones y propuestas, y que estas sean consideradas en la redacción final del texto constitucional. Esto implica la realización de asambleas ciudadanas, consultas populares y debates abiertos, donde se promueva la deliberación y se generen espacios de encuentro. Además, es necesario contar con una comisión constituyente que esté compuesta por representantes de distintos sectores de la sociedad, incluyendo a expertos en derecho constitucional, académicos, líderes sociales y políticos. Esta comisión deberá ser independiente y objetiva, con el objetivo de garantizar que la propuesta final sea equilibrada y represente los intereses de todos los ciudadanos en su justa medida. 

Otro aspecto clave para lograr un consenso en torno a una nueva constitución es la educación cívica. Es fundamental que los ciudadanos conozcan sus derechos y deberes, así como los principios fundamentales que deben regir nuestra convivencia. Esto implica fortalecer la educación cívica en la educación básica y media, promover la participación ciudadana desde temprana edad. Un rol más protagónico de los medios de comunicación, tanto nacionales como locales en esta materia. Además, es necesario debido a los hechos acontecidos en nuestro país en los distintos gobiernos, fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, para generar confianza en las instituciones y fortalecer la democracia. 

Perdón lo burdo, pero la canción de la banda chilena Tronic denominada “prendan la radio” dice en una de sus estrofas "Recuerden que la derecha nos ha robado, y también la izquierda a coimeado, da lo mismo el partido del candidato, importa más que sea un buen ser humano". Y porque no aprovechar la oportunidad de citar a Molotov y su “Gimme the power” cuando dicen “Porque somos más, jalamos más parejo, ¿porque estar siguiendo a una bola de pendejos, que nos llevan por donde les conviene?, y es nuestro sudor lo que los mantiene, los mantiene comiendo pan caliente, ese pan es el pan de nuestra gente". Podríamos estar horas enteras citando canciones que nos pueden servir para graficar a quienes son decisores o están en el poder. Lo que está claro es que nuestra historia no va a cambiar si seguimos escribiendo nuestro devenir en base a las ideologías que sean del lado que sean hacen daño y construyen con cimientos de odio, resentimientos y olvido. 

Por ello, no podemos olvidar lo que nos pasó, no podemos negar el dolor y sufrimiento de muchas familias que hasta el día de hoy desconocen el paradero de sus familiares, nada va a reparar eso, ni siquiera lo económico. Hay que trabajar por una institucionalidad que resguarde la reparación de nuestra historia, donde no les demos la posibilidad a algunos de sacar provecho de una situación tan dolorosa de nuestro pasado. 

Lo realmente importante es que en los 90s recuperamos nuestra democracia y es a ella a quien debemos fortalecer y seguir defendiendo, una democracia que no tiene dos significados, para quienes defienden unas dictaduras y condenan otras, así como también para los que niegan lo que paso antes y después del 11 de septiembre de 1973. Chile entendió todo, por eso primero aprobó una nueva constitución y luego rechazó la propuesta, las y los chilenos no estamos para la pelea chica. Queremos que de una vez por todas las soluciones sean claras y contundentes, que la sangre derramada en el pasado por todos aquellos que cayeron fruto de las armas (de los dos bandos) de quienes empuñaron y dispararon en contra de sus compatriotas, se transforme en una conmemoración que nos ayude a sanar el pasado construyendo un mejor futuro para nuestro país. Es hora de mirar ese futuro con una visión transversal, donde no sea la ideología de ningún tipo la que plasme su sello en el camino por recorrer, debe ser la sabia de nuestra propia sociedad que evoluciona de acuerdo a los tiempos, la que escriba nuestro devenir, entendiendo que lo que pasó hace 50 años y un poco más, no se debe volver a repetir.